El gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, traiciona al presidente Andrés Manuel López Obrador y viola la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes reglamentarias del artículo tercero, 31 y 73, relativas al rubro de la educación y la nueva propuesta educativa federal.

Durante todo un sexenio los maestros de México fuimos víctimas de la difamación y persecución por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, con la finalidad de desprestigiar a los docentes para imponer una seudo “reforma educativa” que, como fin primordial, tenía el de privatizar la educación y someter a los maestros. Esa terrible reforma peñista se aprobó en 2013 y fue acatada de inmediato por las entidades, principalmente el Estado de México.

Seis años luchando en contra de la injusticia del régimen, fructificó cuando 32 millones de mexicanos llevamos a la presidencia de la República al compañero Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña se comprometió a la abrogación total de esa mal llamada reforma educativa.

Fue por eso que una de las primeras iniciativas presidenciales fue la relativa a dicha abrogación y sustitución por una nueva normatividad en materia de educación, misma que se logró gracias al empuje de nuestros diputados federales que dieron la lucha en el plano legislativo y pedagógico en contra de los emisarios del PRIANRD que, agrupados en el Pacto Antiméxico, siguieron oponiéndose.

Fue precisamente el 25 de abril de 2019 cuando, por 365 votos a favor, 61 en contra y 2 abstenciones, fue aprobado el dictamen que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, pasando a la Cámara de Senadores para su revisión. Esa reforma selló la suerte de una de las reformas constitucionales más controvertidas de la historia de la educación en México.

Luego vino la reforma a la Ley General de Educación y la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, así como la aprobación de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley del Organismo a que se refiere la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de la Mejora Continua de la Educación.

No obstante, en el Estado de México se mantiene el mismo entramado legal que le dio sustento a la reforma de Peña Nieto y que el Grupo Atlacomulco insiste tercamente en continuar aplicándolo a pesar de ya haber sido proscrito de la legislación federal.

Adicionalmente, sigue vigente el artículo 148 Ter, del Código Penal para el Estado de México, que criminaliza “Al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y una multa de mil a mil quinientos días. En caso de reincidencia la pena se incrementará de una a dos terceras partes. La situación de trámite de la incorporación no libera de la responsabilidad. Si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público del ámbito educativo, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que le corresponda por el delito cometido y se le impondrá, además, la destitución y su inhabilitación de ocho a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las medidas que disponga la legislación administrativa y las sanciones que correspondan, en su caso. Este delito se perseguirá de oficio”. Esta reforma fue publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el miércoles 17 de julio de 2013.

Pero la reforma educativa de 2019 cortó de tajo la propuesta de los tecnócratas educativos que se inspiraban en los dictados de la OCDE y del BANCO MUNDIAL, inspirada en el “Proyecto Tuning para América Latina”, en el cual se establece el esquema de competencias genéricas, disciplinares y profesionales, mismo que ha pervertido la educación de los mexicanos atándonos a políticas extrañas a nuestra idiosincrasia, pretendiendo generar estudiantes acríticos pero muy eficientes.

En el Estado de México se viene insistiendo en una currícula como el MEPEO (Modelo Educativo para la Educación Obligatoria), donde la carga académica para los estudiantes se ha visto incrementada y densa, con materias sacadas de contexto y sin utilidad práctica ni evaluación coherente, como es el caso de las paraescolares y los denominados Talleres de Apoyo.

Adicionalmente, está aplicando un conjunto de instrumentos tecnológicos, en los que se piden con insistencia datos personales de maestros, padres y alumnos, como es el caso del MIGE, que resultan muy sospechosos de utilización con fines electorales pues, todo el mundo sabe que en el Estado de México se está preparando el más grande ejército de “boots” de todo el país, para que los priistas puedan conservar el poder en las elecciones de 2021.

Vemos que, en el Estado de México, que los tecnócratas del gobierno mexiquense y particularmente de la Secretaría de Educación, que encabeza Alejandro Fernández Campillo, no están acatando la nueva Reforma Educativa de 2019 y que con ello están jugando contrario a las políticas que en la materia está impulsando el gobierno federal.

Están violando la ley porque, ningún ordenamiento estatal puede estar por encima de la Constitución y es claro que, en materia educativa, fundamentalmente en lo pedagógico, se está transgrediendo la ley con la aplicación del esquema de competencias genéricas y disciplinares, están fuera de la normatividad y, por consecuencia, traicionando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Habremos de solicitar a nuestros diputados que soliciten la comparecencia del gobernador y del secretario de educación, ante la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que informen de los motivos por los cuales no están acatando los preceptos constitucionales de la Reforma Educativa de 2019.

También exigiremos a nuestros compañeros diputados de la H. Legislatura Local, que revisen y deroguen el artículo 148 Ter, del Código Penal para el Estado de México, porque no debe criminalizarse a los ciudadanos que solicitan educación ni a los maestros que coadyuvan con ellos en la prestación del servicio educativo que el Estado ha sido incapaz de brindar a la población más pobre de la entidad.

Nos pronunciamos en contra de una nueva Reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios (ISSEMyM), que nuevamente conculca nuestros derechos como trabajadores burocráticos al servicio del Estado de México.

Anunciamos que, tan pronto pase el confinamiento por la pandemia de COVID-19, habremos de movilizarnos en defensa de nuestros derechos.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE”

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE”