La energía es un derecho humano fundamental. Sin energía, y específicamente, sin la energía eléctrica y calorífica, la vida humana como la conocemos tendría un retroceso de un siglo. La gestión del sistema energético nacional es una prioridad estratégica para cualquier país. Dejar el sistema energético nacional en manos de privados (principalmente transnacionales) representa un enorme riesgo para la seguridad energética de la población Mexicana y de las necesidades primordiales para su subsistencia y bienestar.
Un ejemplo claro del manejo voraz de las necesidades energéticas de la población lo representa España. En los últimos 10 años el precio de la electricidad se incrementó en más del 50%, convirtiendo a España en el país que más caro paga por el consumo eléctrico en toda Europa. La comercialización de la electricidad está completamente privatizada, entre los privados se encuentra Iberdrola, compañía que tiene como empleado al expresidente panista Calderon y a su exsecretaria de energía Georgina Kessel. Una de las compañías más abusivas en el mercado eléctrico de México.
Para conocer la situación de la reforma energética a detalle, se realizó un conversatorio para analizar la reforma energética en la UPREZ. Se contó con la presencia de la periodista María de Lourdes Martínez Gonzalez, Carlos Guillen y el Maestro Socrates Galicia García Fuentes. Conversatorio que se puede revisar en el canal de la organización.
La normatividad energética aplicable hoy en día data del 2013. La gran promesa de ese entonces
era que los costos para la población serían muy bajas, reduciendo el pago de luz y gas para los consumidores finales. Sin embargo, la razón fundamental de la reforma energética fue dar certidumbre y protección a los intereses de las compañías privadas, principalmente extranjeras, convirtiendo al estado en un regulador que abriera el sistema energético nacional a los monopolios privados. Los costos promedio para los consumidores finales se incrementaron 20% después de la reforma. De manera acumulada, hasta el 2018, el aumento fue de 15%. Los precios de la electricidad nunca bajaron con la aplicación de dicha reforma energética.
Hasta 2018, sólo el 10% de la electricidad producida en México provenía de las energías renovables, sin incluir la generación por hidroeléctricas. A pesar del gran apoyo recibido por parte del gobierno mexicano a las empresas transnacionales no crearon fuentes a lo largo del territorio nacional. Su intervención se redujo a los lugares con altos márgenes de ganancia y pisoteando los derechos territoriales de las comunidades donde se asentaron.
La propuesta propone limitar la participación privada en generación eléctrica al 46% y la Comisión Federal de Electricidad el 54%. Un paso importante para una meta futura: La energía como un derecho humano.
José Inés Andrade Gandarilla
Base Prometeo