23 de octubre de 2020.

  • Caravana de maestros de la UPREZ llega al Palacio Legislativo en Toluca.
  • Fueron recibidos por el diputado morenista Max Correa.
  • Denuncian fuertes desfalcos en el ISSEMYM; gobernadores serían responsables.
  • El saqueo podría rebasar fácilmente los 150 mil millones de pesos

Toluca, Méx., a 22 de octubre de 2020.- La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) realizó el día de hoy una protesta en contra de la intención de los diputados mexiquenses de “sepultar” el fraude cometido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), durante por lo menos, los últimos veinte años.

Guardando la “sana distancia” y las medidas de sanidad pertinentes, un centenar de vehículos “marcharon” desde La Marquesa hasta el Palacio Legislativo, mostrando su inconformidad con la propuesta de Nueva Ley del ISSEMYM que está por ser aprobada en cualquier momento, según declaraciones del presidente de la Comisión de Concertación Política, el morenista Maurilio Hernández.

Dicha reforma pretende cubrir un gran “boquete” de más de 150 mil millones de pesos que mantiene en la quiebra a la institución. Al parecer tienen mucha prisa y los diputados mantienen una actitud muy sospechosa de secrecía que los hace parecer cómplices al querer que los derechohabientes paguen lo que corruptos funcionarios malversaron en 20 años.

                Y fue precisamente en uno de los recintos de la LX Legislatura local, donde la dirigencia de la UPREZ brindó una conferencia de prensa a los medios de comunicación, facilitado con el apoyo del diputado morenista Max Correa, en la cual se plantearon un conjunto de perjuicios para los maestros que integran su Sector Educativo (casi 200 escuelas de todos los niveles, desde preescolar hasta bachillerato).

Dicha reforma también va en detrimento de los trabajadores burocráticos de la entidad, mismos contra los que se cometerían, de aprobarse semejante mamotreto, entre otros el incremento de las cuotas para los derechohabientes, superiores al 5.6 por ciento del salario; además la disminución de los montos de las pensiones, el incremento en la edad de jubilación y en los años de servicio, el establecimiento de una cuota extra por cada familiar adicional que se pretenda dar de alta, un sistema de cuotas individuales como el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que desde luego también podría las instituciones bancarias “jugárselo” en la Bolsa de Valores.

El ISSEMyM fue creado en 1969 por el gobernador juan Fernández Albarrán, en tiempos donde prevalecía a nivel mundial la idea del “estado de bienestar”, y el derecho a la seguridad social en una perspectiva humanista para que los trabajadores mejoraran su productividad, había que darle a quienes producen la riqueza no solamente servicios médicos y pensiones dignas, sino incluso medios para el esparcimiento, la cultura y la recreación.

En la época surgieron instituciones tan nobles como el ISSSTE (creado en 1959), o el Seguro Social (fundado en 1964), que echaron a andar grandes hospitales de primero, segundo y hasta tercer nivel, grandes centros deportivos como el Parque Delta del IMSS o el Centro Vacacional de Oaxtepec. En fin, un conjunto de instituciones financiadas por el Estado, los patrones y los trabajadores, que ahora el neoliberalismo con su idea de menos Estado y más libertad a la iniciativa privada para hacer negocios, ha puesto en retiro también a nivel mundial.

                El instituto también presta sus servicios a los trabajadores de las instituciones y organismos coordinados y descentralizados de carácter estatal, considerando entre ellos a la UAEM, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Legalmente es un “Organismo público descentralizado” que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El patrimonio se integra con las aportaciones de los trabajadores y los patrones, siendo estos últimos el Gobierno del estado de México, los Ayuntamientos y las instituciones que mantienen afiliados a sus trabajadores al instituto, que entre sus objetivos tiene “otorgar a los derechohabientes las prestaciones que estable la ley de manera oportuna y con calidad; ampliar, mejorar y modernizar el otorgamiento de las prestaciones a su cargo, y contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los derechohabientes”.

También presta servicio a otros organismos como el instituto electoral del estado de México, a la universidad mexiquense del bicentenario y, entre otros muchos más, al organismo denominado Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), que tampoco paga cuotas al ISSEMYM, pero que también ha sido saqueado brutalmente y los encargados no pagaron las cuotas para el servicio médico.

Por tratarse de un ente jurídico “hibrido”, no puede ser auditado, está en una especie de “limbo” jurídico y, a su conveniencia, se ostentan como organismo privado o como dependencia gubernamental. Pero tienen jugosísimos contratos en toda la República. Como este, muchos otros organismos incumplieron su obligación de pagar sus cuotas y “enterar” las que ya se habían descontado a sus empleados.

                La nueva reforma a la ley del ISSEMyM pretende encubrir todo un mar de corrupción prohijado por los gobiernos del PRI en el estado de México. Durante décadas, el instituto se convirtió en la “caja chica” de los gobernadores, lugar de donde podían saquear a su entero antojo los recursos que de ninguna manera les pertenecían porque estaban destinados a la salud y bienestar de los trabajadores burocráticos.

Desde luego no todos ellos a su servicio, sino también de los municipios y otros organismos como la Universidad Autónoma del Estado de México y corporaciones policiacas “privadas”. Se dice fácil, pero el monto calculado del saqueo podría rebasar fácilmente los 150 mil millones de pesos, malversados al parecer en las campañas político-electorales para mantener al PRI en poder de la gubernatura.

Desde Arturo Montiel, pasando por Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y ahora con Alfredo del Mazo Maza, la situación es cada día más turbia. No fluye la información porque hay un enorme interés oficial en ocultarla. Sabemos que en 2018 ya eran más de 340 mil los servidores públicos afiliados a los que se sumaban casi 65 mil pensionados.

También sabemos que en total había 1 millón 108 mil 770 derechohabientes (contando los 681 mil 579 dependientes económicos). Lo que no hemos podido saber es cómo, cuándo y dónde se realizó el multimillonario desfalco que mantiene al instituto sin medicinas, sin estudios de laboratorio y sin dinero para pagar las pensiones a que ya se tiene derecho, porque para ello estuvieron cotizando los trabajadores.

Ahora, en el ocaso de su vida, se dan cuenta que no tendrán posibilidades de una pensión digna.