Foro Social Mundial (FSM)


En 1985, bajo la resolución 40/202, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la celebración anual del Día Mundial del Hábitat el primer lunes de octubre. Este día es denominado desde las organizaciones y movimientos sociales como el Día Mundial de los Sin Techo, en alusión a la crisis de vivienda que ha caracterizado el desarrollo de los asentamientos humanos y de las ciudades.
En el ámbito internacional, la inclusión del derecho a la vivienda remite al Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se reconoce a la vivienda como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19661 reconoce, en el Artículo 11, el derecho de toda persona a una vivienda adecuada para mejorar sus condiciones de existencia, colocándolo como un componente clave para la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En México, el reconocimiento oficial del derecho a la vivienda data de 1983, cuando constitucionalmente se incorporó en el Artículo 4°: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
No obstante, se estima que alrededor de 1,800 millones de personas en el mundo, es decir, el 20% de la población mundial carecen de una vivienda adecuada (ONU-Hábitat, 2020). En México, existe un rezago de 14 millones de viviendas, que incluye la necesidad de vivienda nueva y el déficit a causa de los materiales y los espacios. En la Ciudad de México, se calculan más de 60,222 requerimientos de vivienda nueva y más de 67,542 mejoramientos de vivienda (INVI, 2020).
Este año, el tema del Día Mundial del Hábitat es “Vivienda para Todos: Un mejor futuro urbano.” En medio de la crisis mundial ocasionada por el COVID-19, se ha reconocido que la vivienda, más allá de cuatro paredes, es un elemento fundamental para preservar y salvaguardar la vida, la salud y el desarrollo de las actividades cotidianas. Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales han sido insuficientes para garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Ante esto, los sin techo y los defensores del derecho humano a una vivienda adecuada y a un hábitat digno continuamos la lucha contra la maximización de la ganancia y el capital inmobiliario.
Nos unimos y nos solidarizamos con las campañas en defensa del territorio y por el derecho a la vivienda adecuada impulsadas en distintos países por organizaciones como la Alianza Internacional de Habitantes y la Coalición Internacional para el Hábitat, las cuales se han intensificado a raíz de la pandemia, haciendo un llamado estricto a los gobiernos nacionales y locales para tomar acciones precisas en cuanto a la política habitacional y urbana. Asimismo, nos súmanos a la campaña mundial “La vivienda es un derecho y no una mercancía”, encabezada por la Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) y otras organizaciones comprometidas con el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, entre ellas, las cooperativas de vivienda del Movimiento Urbano Popular; bajo la defensa de la vivienda como un proceso social, lejos de la visión mercantil de ésta. También, nos adherimos al llamado mundial por “Cero Desalojos”, considerando que la crisis ocasionada por la pandemia, ha vulnerado la economía de muchas familias, quienes no cuentan con los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas como la alimentación y la renta.
Por lo anterior, llamamos a intensificar la lucha y las acciones para abatir el COVID-19 que, a la fecha, ha cobrado más de 2 millones de vidas en todo el mundo, impactando de manera significativa a la población que vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Bajo la premisa de “Construir un mejor futuro urbano”, cuestionamos la ciudad que estamos construyendo, la cual, se rige por políticas neoliberales que excluyen a los pobres y favorecen al capital e intensifican los procesos de gentrificación y despojo. Sostenemos que, si queremos un mejor futuro urbano, necesitamos ciudades equitativas y justas, bajo políticas públicas centradas en las personas.
En el caso de la Ciudad de México, consideramos necesario retomar las luchas y experiencias de más de cuarenta años de las organizaciones y movimientos sociales para plantear estrategias y combatir la pandemia. Exigimos al Gobierno de la Ciudad de México reaccionar enérgicamente ante la pandemia del COVID-19, reiterando lo siguiente:

  1. Que se dé a conocer y se accione el Programa de Vivienda en Renta. Y se contemple una regulación en los precios de los alquileres para marcar un límite en determinadas zonas de las ciudades, se amplié el contrato de arrendamiento de un año a cinco años y un preaviso de seis meses en el contrato.
  2. Que se formule un Programa de Vivienda Emergente no solo ante el COVID-19 para atender los desalojos y a los habitantes de vivienda en alto riesgo. Este programa deberá ser permanente, ya que estamos en una zona de riesgo en donde continuamente se sufren sismos, inundaciones, deslizamientos de tierra, explosiones, etc. Y a tres años del sismo de 2017 para las colonias más pobres aun no se ha concretado la reconstrucción o reubicación de las viviendas.
  3. Que el nuevo Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y el designado como Director General, asuman el compromiso de repensar la forma en que se ha planeado la ciudad y que se prioricen políticas públicas a partir de dar cumplimento al derecho a la ciudad, al derecho la vivienda y a un hábitat de calidad.
  4. Que el Instituto Nacional de Suelo Sustentable considere la función social del suelo. Revise la legislación para frenar y reducir la especulación que existe en el valor del suelo. Además de programas de regularización de la tenencia de la tierra, generar oferta de suelo urbanizado donde construir viviendas nuevas, ajustar la tasa de impositiva a tierras ociosas que contribuyen a retroalimentar la fragmentación y polarización socio-urbana, y dar respuesta desde una mirada integral a los distintos aspectos vinculados a la problemática del suelo y vivienda
    5.- Que la ciudad se gestione a partir de un proceso de toma de decisiones participativo, que asegure la deliberación y autogestión de la comunidad en general y de los ciudadanos en particular, especialmente de las organizaciones sociales que fomenten el acceso a la vivienda y el hábitat.

Desde las organizaciones y movimientos sociales, reiteramos que la visión de la ciudad que queremos está en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Instrumento de lucha de base popular pensando en combatir el urbanismo salvaje y priorizando una visión de derechos humanos en la ciudad. Es por ello que, en la planeación de la ciudad, es primordial retomar los fundamentos de la Carta:

  1. El ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad.
  2. La función social de la ciudad, la tierra y de la propiedad.
  3. La gestión democrática de la ciudad.
  4. La producción democrática de la ciudad y en la ciudad.
  5. El manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno.
  6. El disfrute democrático y equitativo de la ciudad.
    Las y los habitantes de la Ciudad de México tenemos pleno derecho a participar en la construcción de nuestra ciudad y en este sentido, reiteramos que las organizaciones y los movimientos sociales tenemos las herramientas para impulsar acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida que deben ser reconocidas y retomadas en la planeación urbana y en las políticas públicas. Entre ella, se enlistan propuestas de salud comunitaria, planteamientos de economía social y solidaria, estrategias de comunicación diferente y la creación de redes en cada barrio y en cada lugar.
    Reiteramos al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México que estamos de acuerdo con acabar con la corrupción y con el clientelismo, pero sostenemos que la Cuarta Transformación no puede avanzar sin lo colectivo; imperante para combatir la embestida de la derecha, por lo cual, es necesario fortalecer la organización comunitaria y popular.
    En el Foro Social Mundial (FSM), exigimos un actuar comprometido con el derecho a la vivienda y con el derecho a la ciudad.

Atentamente

¡Zapata vive, la lucha sigue!
Por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio
Vivienda para todos
MOVIMIENTO URBANO POPULAR