7 de noviembre de 2020.

            PARA ROXIN, UNO DE LOS MÁS CONNOTADOS REPRESENTANTES (JUNTO CON GUNTER JACOBS), DEL SISTEMA FUNCIONAL, COBRA UN PAPEL RELEVANTE LA DOGMÁTICA JURÍDICA, misma que no debe sustentarse en desarrollos lógicos y normativos pues su vinculación principal debe darse con la realidad social, todo esto con la finalidad de brindar soluciones a partir de los conocimientos que nos ofrece la política criminal. Entre las razones esgrimidas por el autor (hablamos de los años 70s del siglo pasado), indica una crisis de la dogmática del derecho penal que desembocó en una polémica sostenida entre los causalistas y finalistas, desarrollada “dentro de los estrechos límites que le fueron marcados a la ciencia del Derecho penal por el positivismo jurídico de principios de siglo”.

SEGÚN ÉSTA TEORÍA, LA ÚNICA TAREA DEL JURISTA CONSISTÍA EN INTERPRETAR EL DERECHO POSITIVO Y DESARROLLAR EN UN SISTEMA CERRADO, CONFORME A PRINCIPIOS lógico-deductivos, los preceptos concretos de la ley, subiendo hasta los últimos principios y conceptos fundamentales. Indica que “El pensamiento problemático tiene que desembocar, si se quiere mantener el carácter científico de la actividad jurídica, en un sistema: el pensamiento sistemático tiene que estar orientado, si se quiere encontrar la solución justa de un caso, en el problema”. Y dice que “los problemas político-criminales forman parte del contenido propio de la teoría general del delito”, pues “la vinculación jurídica y la finalidad político-criminal deben reducirse a una unidad en el sistema del Derecho penal”.

ADUCE QUE LAS TRADICIONALES CATEGORÍAS DE LA ESTRUCTURA DEL DELITO –TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD- DEBEN SISTEMATIZARSE, DESARROLLARSE Y contemplarse desde un principio bajo el prisma de la función político-criminal. Según el autor en comento, podemos partir de dos aportaciones del funcionalismo: 1) la teoría de la imputación al tipo objetivo y 2) la tercera categoría de la teoría del delito, denominada responsabilidad que se compone, a su vez, en otros dos aspectos como son la culpabilidad y la necesidad de imponer la pena). Explica Roxin en su libro “Política criminal y Sistema del Derecho Penal” que, en la estructura preventiva general del tipo penal, desempeña un papel central, junto al principio “nullum crimen”, la imputación objetiva.

“DE ACUERDO CON ESTA TEORÍA, EL INJUSTO TÍPICO NO ES UN SUCESO PRIMARIAMENTE CAUSAL O FINAL, SINO LA REALIZACIÓN DE UN RIESGO NO PERMITIDO dentro del ámbito (es decir, del fin de protección) del tipo respectivo. De esta manera, es posible salvar la tipicidad en una medida político-criminalmente razonable –sobre todo en los delitos imprudentes- de su enorme amplitud, limitando la posibilidad al ámbito de lo que parece indispensable desde el punto de vista preventivo general: la creación y realización de riesgos, que son insoportables para la convivencia segura de las personas”. Colige que “…la responsabilidad penal supone dos cosas: la culpabilidad del autor y, además, la necesidad de la pena desde el punto de vista preventivo general y especial. La culpabilidad y la prevención se limitan así recíprocamente: las necesidades preventivas nunca pueden conducir a la imposición de una pena sin culpabilidad.

LA CULPABILIDAD HUMANA TAMPOCO PUEDE LEGITIMAR POR SI SOLA LA IMPOSICIÓN DE UNA PENA, SI ÉSTA NO ES NECESARIA DESDE EL PUNTO DE VISTA preventivo”. Su propuesta se sustenta en que las bases metodológicas de la sistemática jurídica conllevan la vinculación del sistema del derechopenal a las valoraciones político-criminales, y la necesidad de elaborar las distintas categorías de la Teoría del Delito en función de los principios político-criminales que las informan: el principio de legalidad y la función motivadora preventiva general en la tipicidad; los principios de política social para la solución de los conflictos en las causas de justificación; la necesidad de la pena tanto desde el punto de vista preventivo general, como especial, que debe añadirse a la culpabilidad y servir de fundamento de la responsabilidad penal.

PROPONE UNA “MISIÓN SOCIAL” DEL DERECHO PENAL E INDICA QUE EN LA POLÍTICA CRIMINAL SON SUMAMENTE IMPORTANTES LOS MÉTODOS ADECUADOS, en sentido social, para la lucha contra el delito, en tanto que al Derecho penal corresponde la función liberal del Estado de Derecho, para asegurar la igualdad en la aplicación del derecho y la libertad individual, frente al ataque del Estado. Siguiendo a von liszt, ubica al derecho penal como “carta magna del delincuente” pues protege no a la comunidad, sino al individuo que “se rebelacontra ella”, garantizándole el derecho “de ser castigado sólo bajo los presupuestos legales y únicamente dentro de los límites legales… La ciencia del Derecho debe ser, y seguir siendo la ciencia propiamente sistemática, pues sólo la ordenación de los conocimientos en el sistema garantiza aquel dominio sobre todas las particularidades, sin el cual la aplicación del Derecho es siempre un diletantismo, abandonada al acaso y a la arbitrariedad”. AFIRMA ROXIN QUE TODAVÍA HOY EN NUESTRA TEORÍA DEL DELITO NOS ENCONTRAMOS LASTRADOS POR LA HERENCIA DEL POSITIVISMO QUE, COMO TEORÍA JURÍDICA “se distingue porque destierra de la esfera de lo jurídico las dimensiones de lo social y de lo político. Precisamente este axioma, aceptado por Liszt como evidente, sirve de base a esa oposición entre Derecho penal y Política criminal. El derecho penal es, en sentido propio, ciencia del Derecho sólo en tanto se enfrente con el análisis conceptual de las reglas jurídico positivas y con su inclusión en el sistema. La Política criminal, que se enfrenta con los fines y contenidos sociales del Derecho penal, está situada fuera de lo jurídico. A sus cultivadores sólo les queda la misión de llamar la atención del legislador y el espacio, jurídicamente neutro, de la ejecución de la pena, con la que Liszt, con su conocida teoría de los tipos de auto