PRIMERA DECLARATORIA DEL TRIBUNAL POPULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En el caso de la Ciudad de México, la política y programas en materia urbano y de vivienda implementados por el gobierno actual, son de continuidad a los impuestos por las administraciones neoliberales anteriores, rescatando los polígonos de actuación que garantizan al gran capital inmobiliario, de servicios y de la construcción, el desarrollo de los megaproyectos en la ciudad, a pesar de haber prometido, en campaña, cancelar definitivamente los diversos megadesarrollos inmobiliarios y de servicios en la ciudad. Dichos desarrollos han generado en la ciudad la especulación del suelo, la segregación social, la exclusión, discriminación y expulsión de la población en situación de pobreza a las zonas de alto riesgo y la periferia de la ciudad y la zona conurbada, rompiendo así con el tejido social, el arraigo de las familias y violando su derecho humano a la vivienda y el hábitat.

Lejos de cumplir con lo ofrecido se han generado modificaciones a leyes y normatividad que han garantizado la conclusión de los mismos, poniendo como condición a su reapertura la realización de obras de mitigación en la zona afectada, que no corresponden al nivel del daño causado a las colonias y comunidades aledañas en lo ambiental, de riesgo estructural, de servicios de agua y drenaje, así como el despojo de espacios comunitarios, de predios e inmuebles, desalojando a sus habitantes de manera violenta, mediante juicios amañados, alteración de documentos oficiales desde las mismas instancias de gobierno en contra de quienes los habitan o poseen , violando así los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Política de México, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales. Culturales y Ambientales.

Los casos presentados ante éste Tribunal Popular, nos demuestran que las prácticas de corrupción y colusión con las grandes empresas inmobiliarias en el poder judicial, (jueces, secretarios y actuarios) permanecen al garantizar, mediante juicios amañados, compra de conciencias, violaciones el debido proceso de los afectados, que van desde la venta de los inmuebles, sin ofrecerles su derecho al tanto a quienes los habitan, omisión de pruebas durante los juicios, investigación real de los casos de despojo, hasta el otorgamiento de sentencias expeditas a favor de las empresas y liberación de órdenes de desalojo con fuerza pública, aún cuando se hayan ganado los juicios en contra de las inmobiliarias o la banca.

También, parte de esta corrupción que impera en la ciudad y el país, la encontramos en las notarías y en las oficinas de gobierno, como lo es el Registro público de la Propiedad y el Comercio, en el cual se han alterado los libros para despojar a los propietarios de sus inmuebles de manera fraudulenta, a pesar de contar con documentos que la acreditan, la liberación de licencias de construcción, desde las alcaldías, sin haber cumplido con todos los tramites, normatividad y autorizaciones de impacto ambiental, factibilidad de servicios requeridos para la edificación de cualquier proyecto en la ciudad.

Como anteriormente comentamos la aprobación de reformas a las leyes y normatividad en la ciudad, así como implementación de programas como el de la Vivienda Incluyente y Sustentable que impulsa el gobierno de la ciudad, en donde se “obliga” al gran capital inmobiliario destinar el 30% de la producción de vivienda en sus megadesarrollos a la población en situación de pobreza en el cual otorgaran créditos de hasta 500 mil pesos, viviendas de 1 o 2 recámaras, sin valorar el impacto social y económico para las familias que logren acceder a estos proyectos, quienes finalmente no contarán con los recursos suficientes para el pago de servicios como el agua, luz, predial, mantenimiento que requiere este tipo de edificaciones y finalmente tendrán que abandonar sus viviendas ya sea por falta de capacidad de pago o por la presión social que ejercerán los sectores de mayores recursos en contra de ellos y terminaran siendo segregados o expulsados del lugar. Todo ello para autorizar y legalizar la construcción en la ciudad de los megaproyectos de vivienda y de servicios en la ciudad.

También, el gobierno de la ciudad ha invertido miles de millones de pesos para la construcción de obra pública de agua, drenaje, transporte concesionado y nuevas vialidades para garantizar los servicios y movilidad a los grandes desarrollos, en detrimento de la población que habita las colonias colindantes como se ha denunciado de manera reiterativa en este Tribunal Popular.

Así mismo, los habitantes de la ciudad no solo han padecido el despojo de sus inmuebles o espacios comunitarios de manera fraudulenta sino también, debido a las gigantescas excavaciones han dañado de manera estructural las viviendas o edificios colindantes, y en algunos casos las empresas pagan determinadas cantidades de recursos para acallar el descontento, pero que finalmente resultan insuficientes para la reparación de los daños ocasionados por las obras y obligan a los habitantes a abandonar sus viviendas para garantizar su seguridad y la vida de sus familias.

También la imposición de nuevas vialidades, o rutas de transporte que no fueron verdaderamente consultados con la población afectada para encontrar alternativas al gran problema de tráfico y transporte público en la ciudad, se ha afectado de manera grave zonas de Áreas Naturales Protegidas, como lo es el humedal que se ha visto afectado por el puente vehicular en Cuemanco y que ha destruido una zona importante de recarga acuífera, deforestación y devastación de la flora y fauna endémicas en la zona.

Otro grave problema que padecemos, no solo en la ciudad sino en el país es la impunidad en la que se encuentran los dueños de los bancos, las inmobiliarias y los funcionarios y jueces corruptos y que, ante las denuncias, juicios no hay autoridad alguna que ponga fin a estas injusticias y otorgue justicia a los afectados o víctimas de tan graves delitos, que en muchos de los casos son de lesa humanidad.

Es necesario destacar la complicidad de los profesionales y del entorno social. La falta de ética de los políticos locales, los funcionarios, los profesionales y los expertos han dado como resultado, con demasiada frecuencia, ser cómplices de las políticas públicas y privadas que han generado las dinámicas perversas que se producen en los territorios urbanos y en especial en la vivienda.

Si bien, llamamos la atención sobre los desafíos persistentes que enfrentan nuestras ciudades y asentamientos humanos, reconocemos que hoy enfrentamos desafíos emergentes que requieren acciones urgentes, como resultado de una política habitacional general con falta de enfoque de derechos humanos, en donde los elementos integradores del derecho a la vivienda adecuada no se visualizan y la expresión de vivir en dignidad, seguridad y paz en alguna parte, parece una “letanía” ajena a toda realidad.

Ante ello, nosotras y nosotros los participantes del TRIBUNAL POPULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, alentamos la aceleración e implementación de las siguientes recomendaciones:

1. El derecho a la vivienda adecuada se entiende como aquel gracias al que se puede vivir en dignidad, paz y seguridad en algún lugar, de conformidad a lo indicado en la observación general Nº 4 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Se considera además como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante el Pacto, y en el artículo 25 de la Declaración Universal de las Naciones Unidas.

Lo que está en contraposición a lo que se considera en el país y la Ciudad de México, por parte de la Administración Pública como el bien material que brinda cobijo a las personas, atendiendo a su funcionalidad y composición física, en contraposición al valor que presta al ser humano. Llamamos a recuperar la esencia de lo señalado por el derecho a la vivienda adecuada.

2. Con respecto a los desalojos forzosos, aparece la falta de regulación y control que existe respecto del actuar de las autoridades de orden y seguridad para proceder a los desalojos cuando estos son requeridos por orden judicial o por orden administrativa. Al no existir un marco legal específico, queda a la arbitrariedad de quien está a cargo del proceso el horario en que se realizará, si se comunica con otras entidades, y si cautela en especial los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, entre otros asuntos. Lo anterior nos lleva a concluir que es posible que, tanto en los desalojos tanto privados como públicos, se incumplan con los estándares internacionales y se constituyan como forzosos, afectando la dignidad de las personas que son objeto de ellos.

Instamos a que se cumplan los estándares internacionales los cuales son claros y específicos, y han sido establecidos para servir de guía a los Estados que han ratificado el Pacto, y que no hacen más que cautelar el respeto por los derechos y la dignidad humana. A raíz de lo anterior, México no puede abstraerse de su cumplimiento y, por tanto, urge una regulación a nivel legal respecto del procedimiento de desalojo, en orden a cumplir y respetar el derecho internacional de los derechos humanos. Y legislar en materia de desalojos conforme a derechos humanos

3. No alentar la impunidad de entidades bancarias, empresas inmobiliarias, políticos locales, funcionarios y profesionales que no cumplan con estos preceptos, y que reciban un castigo y/o una sanción acorde al delito que cometan.

4. Establecer medidas para evitar los desalojos durante la pandemia y por un periodo de tiempo razonable posterior a ello

5. Establecer un programa de apoyo a renta.

6. Reforzar la legislación en materia inquilinaria con el fin de equilibrar los derechos de arrendadores y arrendatarios.

7. Asegurar acceso a suelo servido para la población de menores recursos

8. Establecer medidas de control de la especulación inmobiliaria

9. Reglamentar el alquiler temporal tipo Airub con el fin de establecer un número máximo de vivienda, que puedan ofrecerse a través de esta plataforma y el tanto por ciento de estas viviendas con estas características en cada zona de la ciudad,

10. Ofrecer vivienda alternativa adecuada a la población sin recursos que sean desalojadas.

11. Abrir opciones de alquiler social.

12. Legislar en materia de Cooperativas de Vivienda.

13. Daremos seguimiento a los casos presentados, monitoreando el avance o retroceso que estos tengan, hasta que obtengan una solución a sus demandas

Por último, hay que asumir los medios para remover los obstáculos que se oponen a los objetivos de hacer ciudad para todos los ciudadanos